Escritura Corporativa

El incomprensible lenguaje de la justicia

¿De qué modo hablan los magistrados, fiscales, abogados cuándo hablan? ¿Cuál es argot que emplean durante la administración de justicia? ¿Quién les entiende? Y, finalmente, qué ganan utilizando ese lenguaje hermético, con escaso poder vinculante hacia quienes una palabra mal interpretada puede actuar en su contra.

He trabajado como publicitaria y escritora corporativa en la Asociación de Magistrados de Córdoba, Argentina, y los jueces que conocí, auténticos demócratas, alertaban y advertían acerca de este rasgo que contribuía a mantener la justicia en su torre de marfil. Quién dijo que la justicia es ascéptica, apolítica, descomprometida y ajena al mundo, porque si su modo de expresión la separa de la gente, es que algo no se está haciendo bien. O por casualidad alguien dijo que independencia de poderes  quiere decir separación de la realidad.

J.L. Micó en Política de La Vanguardia se refiere al tema y lo voy a citar:

“Un abogado le pregunta a un testigo durante un juicio: “El vehículo, el A3, no iría a mucha velocidad cuando ustedes pudieron… cruzarse delante, ¿no?”. La respuesta que obtiene es la siguiente: “No sé lo que me quiere decir con eso. ¿Qué quiere que le diga?, ¿a la velocidad a la que iba el vehículo?”. El letrato vuelve a intervenir: “No, hombre, no, repito…”. Y entonces el juez le espeta: “¿Puede hacer preguntas claras?”.

Este ejemplo real, comentado entre muchos otros por el equipo del catedrático Antonio Briz, de la Universidad de Valencia, en el libro Hacia la modernización del discurso jurídico, publicado recientemente, muestra un problema frecuente en los juzgados españoles.

Profesionales, expertos y usuarios están de acuerdo en ello: una justicia que los ciudadanos no entienden difícilmente puede ser percibida como democrática. Sin embargo, ¿son realmente comprensibles los textos jurídicos, tanto si se difunden por escrito como si se exponen oralmente?

Conscientes de que la respuesta a esta pregunta suele ser negativa, las facultades de Filología y Derecho de la Universidad de Barcelona y el grupo de investigación Estudios del Discurso Académico y Profesional (EDAP) impulsaron en 2011 una primera jornada para actualizar el lenguaje empleado en el ámbito judicial, cuyas actas se han editado ahora con la supervisión de la catedrática Estrella Montolío.

En las conclusiones de la obra, que recoge lo propuesto y discutido en las ponencias, las mesas redondas y los talleres organizados para la ocasión, se señala la necesidad de incrementar la “colaboración entre juristas y lingüistas” en “todos los niveles profesionales e institucionales”: escuelas, tribunales, parlamentos… De este modo mejorarían las “destrezas comunicativas” de los profesionales del Derecho para que cumpliesen su función como es debido.

Los especialistas que participaron en este encuentro sugieren que se tengan en cuenta las habilidades de expresión en “concursos y oposiciones”. E incluso que se reconozca con algún premio a quienes son más competentes en esta tarea. En su opinión, habría que reflexionar acerca de la posibilidad de incorporar “una formación básica en Derecho y términos jurídicos en los planes de estudio de los escolares”. Otro colectivo al que habría que prestar atención por el mismo motivo serían “los redactores de los medios”.

Montolío, que ha dirigido el trabajo de campo Lenguaje escrito a petición de la Comisión Interministerial de Modernización del Discurso Jurídico Español, señala que los inconvenientes más graves están motivados “por la utilización de una sintaxis barroca e innecesariamente enrevesada, con párrafos y oraciones extraordinariamente largos y una expresión a menudo confusa”.

Mientras, como recuerda Briz en el libro, en las salas de justicia continúan pronunciándose frases como ésta: “¿El documento que se presenta por usted en la junta es el que ayer se reconoce por la comunidad de propietarios que es el presentado?”.

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